El Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El objetivo de esta norma es la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria promoviendo la economía circular. Para ello, establece una jerarquía de prioridades de solución para garantizar la producción y el consumo responsable de alimentos. Entre otras medidas se apuesta por la prevención mediante la donación de alimentos o su transformación y por el reciclado para la producción de compost.
Reducción del desperdicio alimentario
El objetivo específico de la ley será reducir un 50% los residuos alimentarios per cápita y un 20% “de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030, respecto a 2020. Esta normativa se alinea a la perfección con la Estrategia de la Granja a la Mesa, que revisa la legislación referente a las fechas de duración mínima, caducidad y consumo. Así pues, el texto establece como “buenas prácticas” “disponer de infraestructuras adecuadas para minimizar el desperdicio alimentario, incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima y promover el consumo de productos de temporada y proximidad. También señalan la divulgación relativa a una mejor planificación de los menús, la compra sostenible, la cocina de reaprovechamiento, la correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferente y el reciclaje.
Agentes de la cadena alimentaria
Aunque pudiera parecer que no, la nueva Ley afecta directamente al sector primario, incluyendo cooperativas y demás entidades asociativas, entidades o empresas de elaboración, fabricación o distribución de alimentos, comercios al por menor, empresas del sector de la hostelería o la restauración y otros proveedores de servicios alimentarios. También las “entidades del tercer sector de acción social” como organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de distribución de alimentos donados. Algunos colectivos señalan que el proyecto normativo podría llegar a impedir el aprovechamiento de los excedentes agrícolas y pesqueros al considerarlos residuos. No obstante, la práctica totalidad de las explotaciones agrarias españolas queda fuera de las obligaciones de la normativa al eximir a las pequeñas y microexplotaciones.
