La Política Agrícola Común (PAC) es un conjunto de medidas y programas creados por la Unión Europea para garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental en toda Europa. Con el objetivo de adaptarse a los cambios en el entorno económico, político y social que se han producido en los últimos tiempos, se ha aprobado una nueva Ley de Gestión de la PAC, cuya entrada en vigor se produjo el 2 de enero del año 2023.
La nueva ley tiene como objetivo garantizar una gestión más eficaz y transparente de la PAC, y mejorar la eficiencia en la distribución de los fondos y la implementación de las medidas. Esta nueva ley busca garantizar que los agricultores reciban una mejor remuneración por sus productos y se adapten a los cambios en el mercado, además de mejorar la sostenibilidad ambiental y la calidad de los productos, con el tiempo veremos si estos objetivos se alcanzaron. También se aumentará la ayuda a los agricultores jóvenes para fomentar la entrada de nuevos agricultores en el mercado y evitar la desertificación de las zonas rurales.
Todavía quedan aspectos por aprobar para que los cambios lleguen
Sin embargo, a pesar de estos avances, hay un aspecto importante a tener en cuenta, y es que a pesar de que la ley entra en vigor el 2 de enero, no todos los decretos necesarios para su aplicación han sido aprobados aún, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre los agricultores y ganaderos. Es importante mencionar que, según un reciente anuncio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se está trabajando en la elaboración de los decretos necesarios para la aplicación de la nueva ley. Estos decretos regulan aspectos específicos de la ley, como las condiciones para acceder a los fondos de la PAC, la distribución de los mismos, y las medidas a implementar. Sin embargo, todavía no han sido aprobados y publicados en el BOE (Boletín Oficial del Estado), por lo tanto, pese a que la entrada en vigor ya se ha producido, a efectos prácticos, hasta que todas las especificidades queden resueltas, la nueva ley no podrá aplicarse al completo.
La falta de estos decretos genera una incertidumbre en el sector agrícola, ya que los agricultores y ganaderos no pueden planificar con certeza cómo se aplicarán las medidas de la nueva ley. Además, esto puede generar problemas a la hora de acceder a los fondos y medidas previstas en la nueva ley, y puede afectar a la competitividad del sector agrícola español.
En conclusión, la nueva ley de gestión de la PAC busca garantizar una gestión más eficaz y transparente de los fondos y medidas de la PAC, así como mejorar la remuneración de los agricultores y ganaderos y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la falta de decretos necesarios para su aplicación genera incertidumbre y preocupación en el sector agrícola. Es importante que el Gobierno actúe rápidamente para aprobar y publicar estos decretos, a fin de garantizar una planificación y una gestión eficaces de los fondos de la PAC.
