En el mes de diciembre del 2021, el gobierno ha aprobado la ley de la cadena alimentaria. Aunque la ley no es nueva, en 2013, en el periodo en el que Don Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura, ya se aprobó la ley. Ahora, el actual ministro, Don Luis Planas consigue la aprobación de la modificación del texto necesario para adaptarla a la regulación de la Unión Europea. Una reclamación que Bruselas estaba solicitando a España desde hace tiempo.
¿Pero qué es la ley de la cadena alimentaria realmente?
En realidad, la ley no pasa de ser un marco de buenas prácticas, que intenta regular la relación de todos los actores que participan en el sector de la alimentación, desde los productores, ya sean agricultores o ganaderos, pasando por las cooperativas agrarias, industria y fabricantes, hasta los distribuidores.
Su pretensión principal es lograr para todos unos precios justos en la cadena, sin destrucción de valor, lo que quiere decir que el eslabón inmediatamente superior debe pagarle al anterior un precio igual o superior al coste de producción.
¿Pero cuales son los costes de producción de cada uno de los productos?
Hasta que un producto llega a nuestra mesa, son muchos los costes de producción y habitualmente no nos paramos a pensar ellos. En el caso de la agricultura, no es sólo las semillas o en la ganadería la alimentación del ganado. Existen otros muchos costes como la energía, los gastos de veterinarios, el trabajo de los asalariados e incluso los costes de los productos financieros que se contraten para la actividad.
¿Afecta esta ley a el consumidor final?
Ciertamente, el hecho de que la cadena vaya incorporando los costes de un eslabón a otro, pretende que en ningún caso los productos se puedan vender a pérdidas, actividad que en ocasiones se hace como gancho de venta, aunque los distribuidores insistan en que no es habitual.
¿Cómo se controlará el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria?
Toda operación que se realice entre eslabones de la cadena , deberán estar abaladas por un contrato firmado, el cual deberá ser registrado digitalmente en una plataforma que el gobierno pondrá a disposición de todos, de manera que si en algún caso se tuviera que estudiar, debido a alguna denuncia o inspección, dicho contrato podrá ser analizado por los responsables correspondientes.
¿Qué pasa si se produce alguna irregularidad?
La ley contempla sanciones, en el caso de que no se cumpla, de entre 250 euros a un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción que se realice.
Además, uno de los puntos que el gobierno considera trascendental para el cumplimiento de la ley, es que las denuncias podrán ser anónimas, facilitando el complimiento del contrato ya que si no es el caso, es posible que los que antes no se atrevían a denunciar, ahora lo hagan.
¿Qué le parece la ley a nuestro presidente?
Preguntado por esta ley en las jornadas que tuvieron lugar el pasado día 17 de diciembre, nuestro presidente, Don Ángel Pacheco indicó que es una ley con buenas intenciones pero que va a ser complicada llevarla a efecto.
«El mundo es mucho más complicado que plasmarlo en una ley…tiene puntos muy positivos pero otros que chocan directamente con nuestra realidad, es decir, si no se llega a costes de producción, no se puede vender y ¿qué hacemos entonces? ¿tiramos nuestra producción?»,
Hay que seguir trabajando, es una ley muy joven y todos podemos aportar de manera que o la trabajamos bien o va a ser muy difícil aplicarla a la actualidad de los mercados actuales.
